El Proyecto GEF Conservación de la biodiversidad en paisajes impactados por la minería en el Chocó Biogeográfico, tiene como uno de sus objetivos principales lograr que el marco político, legal y de planificación del sector minero tenga en cuenta consideraciones para la protección de la biodiversidad.

Esto significa que las leyes, normas y demás instrumentos del sector público para la regulación de las actividades de minería, incluyan formas de mitigar, compensar y restaurar el impacto que esta actividad económica produce.

¿Cómo lo hacemos?

  • Propiciamos escenarios de discusión y debate con actores políticos y brindamos mayores elementos técnicos y conceptuales para las discusiones que se dan en distintos espacios, entre ellos, el Congreso.
  • Incidimos en la generación de propuestas encaminadas a abordar los asuntos ambientales dentro del marco del desarrollo sostenible, que contribuyan a disminuir las vulnerabilidades de las poblaciones, garantizar sus derechos y mitigar los riesgos socio ambientales presentes en los territorios.
  • Generamos espacios para que se comprendan e interioricen las particularidades y problemáticas del Chocó bigeográfico, de modo que conviertan en elementos de juicio para la generación de acciones concretas (normatividad y/o formulación de políticas).

Conoce a continuación las acciones que hemos realizado y los espacios donde participamos.

  • El Proyecto participa en diversos ejercicios de concertación con entidades del nivel nacional, regional y local, así como con sectores investigativos, de la academia, los medios de comunicación y las propias comunidades. Todos estos espacios le están permitiendo al Proyecto generar las condiciones necesarias para que nuevos instrumentos de regulación a la actividad minera favorezcan la conservación de la biodiversidad.

    Algunos de los escenarios y temas en los que estamos trabajando son:

    • Apoyo técnico al gobierno regional y local y apoyo a las comunidades en el proceso de crear una visión del territorio denominada Visión Pacífico, como instrumento de coordinación e impacto interinstitucional para la región. De igual forma, se brinda este apoyo en la reglamentación de los capítulos 4, 5, 6 y 7 de la Ley 70 de 1993, que reconoce el derecho a la propiedad colectiva de la tierra a las comunidades afrocolombianas.
    • Trabajo con diversos actores para que se establezcan acuerdos con los procesos étnico-territoriales en los municipios de Murindó, Vigía del Fuerte, Frontino, Bojayá, Medio Atrato, Quibdó, Tadó y Buenaventura, en coordinación con las gobernaciones de Antioquia y Chocó, y las corporaciones autónomas regionales (Codechocó, Corpourabá, CVC y CRC).
    • Gestión para establecer estándares ambientales para la minería artesanal y fortalecer espacios de trabajo con Consejos Comunitarios que se oponen a prácticas mineras que afecten su territorio, para encontrar puntos de encuentro con las iniciativas y políticas gubernamentales.
    • Participación en las discusiones que se dan en el marco de la Mesa Minera en la cual el Gobierno Nacional dialoga con los mineros del Chocó.
  • Para fortalecer el pensamiento crítico y argumentado de los actores políticos y brindarles más elementos para construir sus posturas frente a la gobernanza ambiental, durante 2016 realizamos un ciclo de formación dirigido a las Unidades Técnicas Legislativas y miembros de partidos políticos, donde se abordaron los siguientes temas:

    • Reglamentación del uso del mercurio. Convenio de Minamata
    • Minería ilegal en Colombia: análisis al proyecto de ley desde una perspectiva integral

    Como resultado de este proceso, varios legisladores se vincularon activamente para lograr la ratificación del Convenio de Minamata, un acuerdo global para proteger a la salud humana y al ambiente de los efectos adversos del mercurio, la cual se encuentra actualmente en trámite legislativo.

    Así mismo, el espacio de intercambio sobre el proyecto de ley contó con visiones diversas que enriquecieron la discusión. Se escucharon visiones desde el ejecutivo, los órganos de control y un experto internacional que evidenciaron las dificultades y retos de esta legislación.

  • Se ha identificado la necesidad de fortalecer las capacidades técnicas de distintos actores y proveer insumos de trabajo que faciliten a los sectores políticos y regulatorios generar salvaguardas para proteger la biodiversidad frente a la actividad minera.

    Para ello hemos organizado distintos tipos de encuentros participativos:

    1. Realizamos un taller en el cual se hizo un análisis de contexto sobre el sector minero y se priorizaron los principales temas a discutir sobre la política y normativa minera en en el país:
    • Marco legal y jurídico
    • Fortalecimiento de la institucionalidad pública
    • Gestión ambiental
    • Aspectos económicos
    • Relación con comunidad y desarrollo local

    Este proceso se deriva de un trabajo de sistematización de recomendaciones sobre el sector minero realizado a partir de publicaciones académicas y gubernamentales. Como resultado de esta experiencia se iniciará un proceso de discusión con actores políticos que aborde los asuntos priorizados y las recomendaciones exploradas.

    1. Con organizaciones afro e indígenas se organizó un encuentro para analizar proyectos de ley relacionados con temas ambientales. En distintas mesas de trabajo se abordaron los siguientes temas:
    • Reserva forestal – Ley Segunda y Ley de bosques
    • Extracción ilícita de minerales
    • Pago por servicios ambientales
    1. El Proyecto ha coordinado dos recorridos territoriales con la participación de congresistas y asesores, en el marco de los cuales se han discutido proyectos de ley y se ha logrado una aproximación a las problemáticas desde la perspectiva de las organizaciones y líderes del territorio. El primero se realizó por el río Atrato y el segundo tuvo como escenario el Páramo de Chingaza.
  • En el marco de los procesos de incidencia en política que ha realizado el proyecto, se han presentado dos noticias positivas para los objetivos que nos hemos planteado.

    1. A través de la reforma tributaria (Ley 1819 de 2016) se determinó que la devolución del IVA a los mineros que exportan oro sólo se dará en casos en que estos certifiquen que cumplen con los requisitos de ley. Esto significa que el oro exportado proviene de una producción amparada con un título minero vigente, inscrito en el Registro Minero Nacional, y que cuentan con la debida licencia ambiental otorgada por las autoridades competentes.

    Se calcula que entre 2006 y 2015 el saldo a favor por liquidación del IVA que reclamó el sector de la minería de oro fue de 2.143 miles de millones de pesos. (Cálculos propios realizados con base en los agregados de las declaraciones tributarias de la DIAN)

    2. El 29 de abril de 2017, la Corte Constitucional falló a favor de la tutela interpuesta por el Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna, en representación de varios consejos comunitarios del Chocó. La demanda fue concedida al reconocer que la contaminación del Río Atrato vulnera los derechos fundamentales a la vida, la salud, el agua, la seguridad alimentaria, el ambiente sano, la cultura y el territorio de las comunidades chocoanas.

    El Atrato se convierte así en el tercer río a nivel global en ser sujeto de derechos. En los dos casos que preceden al colombiano también hubo consideraciones étnicas y culturales. El pionero fue el río Whanganui en Nueva Zelanda, y el segundo referente es el río Ganges, en la India.